En general, las prohibiciones, tienden a fomentar un mercado informal y en el caso del vapeo, esto no es una excepción. El vapeo es una realidad. Hay cerca de 800 mil usuarios solo en nuestro país. Para un control correcto tenemos que apuntar a una legislación sensata. No nos oponemos a un proyecto de ley, porque en la asociación perseguimos el mismo fin, reducir los daños del tabaquismo, pero queremos que ese objetivo se alcance de manera sensata.
Sabemos por distintos estudios que el vapeo no se ha cobrado ni una sola víctima a nivel mundial. Por eso es difícil entender que, en Argentina desde 2011, exista una prohibición para la venta, distribución, importación y promoción de vapeadores o cigarrillos electrónicos, lo cual les quita una posibilidad válida a los consumidores pare evitar los daños del cigarrillo.
Según estadísticas, la mitad de las personas que fuman morirá prematuramente de una enfermedad relacionada con el tabaquismo. Más de 6 millones de personas mueren de una enfermedad relacionada cada año y más gente morirá por fumar cigarrillos que por malaria, VIH y tuberculosis combinados. Además, el costo global anual de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo estimado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) es de 1 billón de dólares.
Se estima que los dispositivos electrónicos de administración de nicotina son un 95% más seguro que fumar cigarrillos. Las ventas de tabaco han caído un 27% en Japón debido a los productos de calentamiento de tabaco, una disminución sin precedentes. Más del 50% de los millones de usuarios de dispositivos de administración de nicotina son ex fumadores y hay estudios que han demostrado que los PANBR (Productos de administración de nicotina de bajo riesgo: vaporizadores, calentamiento de tabaco y nicotina oral) generan menos riesgos. Esto es según el estudio realizado por Sin fuego, sin humo: Estado mundial de la reducción de daños al tabaco 2018.
Tenemos que tener en claro que la reducción de daños es el resultado de una gama de políticas, normativas y acciones pragmáticas que reducen los riesgos para la salud, proporcionando formas más seguras de productos o sustancias, fomentando comportamientos menos riesgosos. La reducción de daños y el cambio de comportamientos no se logra con la prohibición de productos.
En cuanto a legislación hay blanco o negro y es importante nombrar el caso de Inglaterra que lo ha sumado como una política de salud pública.
También el vapeo está regulado en Estados Unidos, gran parte de Europa, Asia, Nueva Zelanda. En cuanto a Latinoamérica, vale el ejemplo de Chile donde está avanzando un proyecto parlamentario para su aprobación. En Paraguay hay un vacío legal mientras que en Uruguay aceptaron el tabaco calentado, pero no el vapeador.
En Argentina y Brasil hay fuerte regulación en contra. Si bien no está prohibido su uso, desde ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) han prohibido hace más de 10 años su comercialización, distribución y promoción.
En cualquier caso, entendemos que la negación de la realidad y la lisa y llana prohibición debe dejarse de lado para abrir un espacio para un debate amplio, abierto, racional y basado en datos, en el que todas las partes sean debidamente escuchadas. Y donde la voz del consumidor, como ser libre y adulto responsable, sea interpretada y se le permita encontrar opciones que resulten menos dañinas que el cigarrillo, tal como sucede en numerosos países.
Hay una evidencia que no se puede soslayar: donde los productos de nicotina más seguros son accesibles y están bien regulados, hay menor impacto para la salud. En ese camino, las personas dejan el tabaco combustible y se cambian a estos productos, tomando la decisión de mejorar su propia salud, casi sin costo para los Estados y los contribuyentes.
Fuente: https://www.cronista.com/columnistas/por-que-no-se-avanza-en-una-regulacion-sensata-para-el-vapeo/
