A raíz de lo que ocurre en la República de Panamá, donde se busca seguir privilegiando los cigarrillos tradicionales, nos preguntamos: ¿por qué continúa la oposición al vapeo en América Latina?
Algunos países de América Latina parecen seguir en una especie de lenta colisión con la realidad. Mientras aumenta el número de consumidores de tabaco que buscan alternativas a los cigarrillos, en especial el vapeo, muchas autoridades sanitarias, gubernamentales o legislativas apuestan, si no por la prohibición total, por la máxima restricción posible a esas alternativas, como si fuera posible eliminarlas. Además, no admiten que haya consecuencias, aunque están protegiendo el mercado de los cigarrillos combustibles, estimulando el comercio ilícito y produciendo más inseguridad, enfermedades y muertes entre sus ciudadanos. Aunque lenta, la colisión con la realidad es trágica.
¿La adopción de esa perspectiva prohibicionista es resultado de una simple y desinteresada politización? ¿O la imposibilidad de tratar el tema desde la ciencia y el interés colectivo responde a intereses económicos opuestos a la ley? ¿Se trata de una relativización dogmática, de corrupción, de analfabetismo científico, de falta de capacidad gestora, o simplemente enfrentamos la incapacidad de tratar un asunto que debería ser abordado de modo pragmático? A estas posibilidades se añade el hecho de que estas autoridades dan crédito y relevancia a la desinformación y evitan el diálogo con pensamientos opuestos a los suyos. Ahora vemos lo desastroso de un escenario donde millones de vidas dependen de que los gobiernos adopten políticas públicas razonables, justificables y —aunque parezca increíble— constitucionales.
Actuar contra la evidencia
La prohibición, restricción o no inclusión de los productos más seguros de nicotina (que son las modalidades de consumo de nicotina sin combustión, como el vapeo, el tabaco calentado y el tabaco oral) en las políticas sanitarias parecen no relacionarse con la evidencia científica y empírica más actual. Esta evidencia, que proviene principalmente del Reino Unido (y luego de Nueva Zelanda y Francia), se han vuelto paradigmática.
Cualquier agente público con buena voluntad para informarse verá lo que dijo el prestigioso Royal College of Physicians, en unísono con Public Health England, la principal agencia de salud pública del gobierno inglés: que los daños posibles de los cigarrillos electrónicos no superan el 5% de los daños asociados a los cigarrillos, por lo que vapear es al menos un 95% menos dañino que fumar.
Hace más de una década muchas voces expertas alrededor del mundo vienen exponiendo sus pareceres, basados en la acumulación sistemática de estudios, experimentos, encuestas y experiencias de usuarios que dan una respuesta pragmática. Los beneficios de adopción de esas modalidades de consumo de nicotina son innegables, y estas pueden ser una herramienta muy eficaz dentro de la reducción de daños para lograr un consumo más seguro y evitar más enfermedades y muertes.
Panamá: el ejemplo más reciente
“Salta hacia atrás, ¿qué es ese sonido?” (“Jump back, what’s that sound?”) cantaba David Lee Roth en la canción “Panamá” de Alex y Eddie Van Halen. A pesar de que la canción se refiere a la velocidad de un coche cruzando una avenida, con una cierta libertad semántica tiene mucho sentido relacionar ese verso con lo que ocurrió en Panamá.
El pasado 8 de junio la Asamblea de Panamá ha tomado una decisión radical, desproporcionada y al parecer inconstitucional al aprobar el Proyecto de Ley 178, prohibiendo “la comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en todo territorio de la República de Panamá”, con la excepción para los artículos que se encuentren en zonas francas y libres, siempre y cuando sea por tránsito para la exportación a un tercer país.
El Proyecto de ley 178, fechado el 28 de octubre de 2019 y revisado el 17 de diciembre del mismo año, fue aprobado en julio de 2021. De acuerdo con Tomás Sánchez, presidente de la Asociación de Reducción de Daños por tabaquismo de Panamá (ARDTP), existe dos graves errores legislativos e inconstitucionales, debido al tiempo transcurrido para su aprobación y al quórum. El proyecto en cuestión, ya estaba caducado cuando fue aprobado siete meses después de su fecha de presentación: “El proyecto se vetó anteriormente por el presidente (Cortizo), pero fue un veto parcial. Y al momento de volverlo a debatir, el proyecto debe tener una cantidad de votos adicionales a lo normal, es decir, juntar alrededor de una cuarta parte de la cantidad del quórum, pero en este caso se aprobó con solo 41 votos, necesitando 47. Ahí hay otra inconstitucionalidad.” complementa Tomás Sánchez.
“Supuestamente alegan [los promotores del Proyecto de ley], que habían sostenido reuniones con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Esto fue falso. Ellos nunca se reunieron con la Cámara de Comercio. como se puede comprobar por el tuit, cuando salieron a desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre supuestas reuniones con el diputado Crispiano Adame y el Presidente de la Cámara”, recuerda el presidente de ARDTP.
Tomás expresó su preocupación frente a la aprobación de este proyecto: “no es un hecho, porque todavía le falta que el presidente la apruebe; después de esto será oficial. Él [el presidente Cortizo] vetó anteriormente [el proyecto de ley 178] aduciendo al daño colateral que va crear, por el 80% del contrabando actual [del cigarrillo de combustión] y la parte financiera y el turismo, puesto que esto último podría no ser atractivo para los turistas” recuerda Tomás.
A pesar de un creciente número de fumadores cambiando al vapeo y de un ecosistema socioeconómico favorable, la Asamblea Nacional de Panamá decidió dar garantías al monopolio de los cigarrillos de toda la vida en el mercado de la nicotina. También eligió no prestar sus oídos —que son públicos— a los consumidores, a la ciencia y a la comunidad que se verá afectada por sus decisiones. Tampoco, al parecer, entabló discusiones cualificadas con las mismas grandes tabacaleras, que seguramente también tienen intereses en el mercado libre de humo, como Phillip Morris o British American Tobacco.
Seguramente los diputados panameños que votaron a favor de la prohibición jamás han escuchado el nombre de Peter Hajek. El profesor Hajek, director de la Unidad de Investigación sobre la dependencia del tabaco en el Instituto Wolfson de Medicina Preventiva de la Universidad Queen Mary de Londres, señala que aunque la cadena innovadora del mercado esté logrando impulsar mejoras significativas en la oferta de productos atractivos para formas diferentes y más seguras de administración de nicotina, “regulaciones hostiles, prohibiciones y publicidad engañosa” ralentizan el desarrollo y la popularidad de productos de reducción de daños y sabotean efectivamente los elementos de “valor añadido” de los nuevos productos.
El profesor Hajek apunta también que “para hacer que los cigarrillos sean obsoletos, las alternativas primero deben entregar nicotina de la manera que los fumadores quieren y, en segundo lugar, [deben] proporcionar un ‘valor agregado’ para compensar el probable déficit de disfrute y el esfuerzo del cambio, además de ofrecer atrayentes adicionales como sabores, menor costo, reconocimiento de menor riesgo, menor estigma y ventajas regulatorias sobre el tabaquismo”.
Pero al parecer los diputados panameños no quieren que los cigarrillos sean obsoletos. La prevalencia actual del tabaquismo entre los adultos panameños ronda el 5,7%. Puede no parecer un número excesivamente alto, pero, según datos del The Tobacco Atlas de 2016, casi mil personas mueren anualmente por el habito del tabaquismo en este país.
Respuestas a la obstinación
La Constitución Política de la República de Panamá garantiza “un gobierno unitario, republicano, democrático y representativo” y define que la expedición de leyes está a cargo de la Asamblea Nacional, integrada por 71 diputados electos por votación popular directa.
El Dr. Crispiano Adames Navarro, diputado por el Partido Revolucionario Democrático y proponente del Proyecto 178, ha informado su aprobación en segundo y tercer debate en su cuenta personal de Facebook. Pero esa parece ser la máxima expresión de su apertura a la participación social. Tenemos información de que el Dr. Adames no ha querido reunirse con las organizaciones civiles que abogan por la reducción de daños en el país, incumpliendo algunos de principios constitucionales y de su propio partido: defender los derechos humanos de los ciudadanos, las libertades individuales y sociales, y promover la participación de la sociedad a través de sus distintas organizaciones.
Los postulados del Dr. Adames, muy frecuentes entre los negacionistas y prohibicionistas, a menudo los contradice con facilidad no solamente la ciencia, sino el sentido común y una visión sin sesgos. Michael Landl, director de la World Vapers ‘Alliance (WVA), dice que es imperativo que la ciencia y la evidencia reemplacen las historias de miedo sobre el vapeo, ya que hay vidas en riesgo: “La ciencia es clara: vapear es una alternativa menos dañina que fumar y un método eficaz para dejar de fumar. Es responsabilidad de los medios de comunicación y los legisladores comprender mejor el tema que quieren regular con tanto entusiasmo. Las vidas de millones de fumadores son demasiado importantes para arriesgarlas por titulares de clickbait y la búsqueda de la ideología antivapeo”.
El Dr. Fernando Fernández Bueno, cirujano oncológico del Hospital Gómez Ulla en Madrid, España, y miembro de la Plataforma por la Reducción del Daño por Tabaquismo, no siempre estuvo a favor del vapeo, puesto que en un video publicado hace cuatro años expuso una opinión en contra de los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, tras obtener información y reflexionar sobre el tema rectificó su posición, y hoy defiende y recomienda el uso a sus pacientes más reticentes a abandonar el cigarrillo.
“En primer lugar [es necesario] informar a usuarios, médicos y enfermeros sobre qué ofrece el vapeo, cuáles son los elementos que contiene y a qué pacientes se podría recomendar para que consigan dejar de fumar. En segundo lugar, [hay que] evitar la demonización. Yo todavía me sigo encontrando a gente que dice que vapear es peor que fumar. Peor que fumar no hay absolutamente nada. A partir de ahí, ya podemos legislar de otra manera, pero la información es clave y debe ser clara, concisa, veraz y contrastable. Científicamente, no se puede decir que es un producto inocuo, pero sí que es muchísimo menos dañino que fumar”.
El Dr. Roberto Sussman, investigador titular de Ciencias Nucleares en la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de Provapeo México y RELDAT (Red Latinoamericana por la Reducción de Daños Asociados al Tabaquismo), siempre ha defendido al vapeo dando claridad sobre su fiscalización, el trato diferenciado frente al tabaco y la importancia de usarlo como herramienta de reducción de daños. Según él, “el cigarro electrónico no debe ser regulado como el cigarro normal. Hay razones de tipo médico, porque no representan el mismo riesgo. El cigarro normal es considerado un riesgo, pero el cigarro electrónico tiene una toxicidad mínima y no tiene ese mismo riesgo, ni para el usuario ni para los que lo rodean. Por eso no puede ser regulado como un producto tóxico”.
Sussman propone que la regulación parta de hacer una distinción entre cigarrillo y vaporizador. “Nuestros países tienen leyes de tabaco, y otra de las preguntas es si la regulación debe agregarse a esa ley de tabaco. Debe ser una regulación que distinga entre productos combustibles y no combustibles. Y en esa regulación debe agregarse el tema publicitario, nada más que como se hace la publicidad de productos como el alcohol, con las advertencias que debe tener. Es más fácil hacer eso con un marco regulatorio que distinga los productos. Si se agarra una ley vieja, es muy difícil que se vaya adaptando a la innovación tecnológica”.
La científica Eliana Golberstein, química farmaceútica de la Universidad Nacional de Colombia, magister en Salud Pública de la Universidad Médica de Taipei-Taiwán y jefe de estándares en Vaping Trade Association of New Zealand, también firmante de la REDLAT, defiende y respalda al vapeo desde la perspectiva de la química y, también, por su importancia como alternativa segura para la cesación del tabaquismo.
“El nivel de evidencia científica que obtuvimos de Hartmann-Boyce en el Cochrane Review, que [en términos jerárquicos] es uno de los documentos más elevados que puede haber desde el punto de vista de evidencia médica, nos permitió evaluar y entender que los vaporizadores son hasta en un 70% más efectivos para dejar de fumar que las terapias farmacológicas tradicionales de reemplazo de la nicotina, como la vareniclina y el bupropión. (…) Es un documento que está constantemente actualizándose”.
Agrega, con respecto a los componentes de un líquido y los riesgos de estos, que “nosotros tenemos el mecanismo de evaluar si existen componentes que no deberían estar presentes en un líquido. (…) Los sabores son complejos y generan ese ‘riesgo adicional’, pero son muy importantes. Son uno de los elementos que les han permitido a los fumadores la transición de fumar a vapear. (…) El beneficio se amplifica cuanto más aceptado sea el producto. Los saborizantes son quienes permiten incrementar o amplificar ese beneficio, al permitir a la persona que fuma [sentirse] más atraída por el producto”.
Conclusiones
La evidencia de que la regulación de los productos de tabaco y nicotina es necesaria y debe ser “proporcional al riesgo”, con controles más estrictos sobre los productos de mayor riesgo, es un consenso entre científicos, profesionales y expertos en salud, así como entre una cantidad de agentes públicos alrededor del mundo, sobre todo en los países más desarrollados. De la misma forma, hay acuerdo en que promover la transición de productos combustibles a no combustibles es de interés para la salud pública y es la forma más probable y rápida de acabar la epidemia mundial de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
Entonces, ¿por qué la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos sigue oponiéndose al vapeo? Esta parece ser una pregunta sin una única respuesta, pero numerosos artículos que hemos publicado a lo largo de este casi un año de existencia pueden ayudar bastante a contestarla.
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