Los productos de riesgo reducido, como los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina, han ganado popularidad en los últimos años como una alternativa al consumo de tabaco tradicional. Estos productos han demostrado ser una opción menos perjudicial para la salud, ya que no producen humo ni contienen muchas de las sustancias químicas dañinas presentes en los cigarrillos convencionales.
La Décima Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco, programada para este año, y que fue postergada para el año 2024 es un escenario clave donde se discutirá la regulación de los productos de riesgo reducido.
La campaña #INTERESADOLEGITIMO busca informar a los usuarios de estos productos sobre las posibles amenazas que representa la regulación propuesta por la OMS. Si bien es importante tener en cuenta la protección de la salud pública, también es crucial reconocer que los productos de riesgo reducido tienen el potencial de ser una herramienta efectiva para ayudar a los fumadores a dejar de fumar y reducir los daños asociados con el tabaquismo.
Uno de los principales argumentos de la campaña es que una legislación demasiado restrictiva sobre estos productos podría limitar su acceso a los fumadores que buscan una alternativa menos dañina al tabaco. Además, podría dificultar la capacidad de los fabricantes de innovar y mejorar los dispositivos existentes, lo que podría restringir la variedad de opciones disponibles para los usuarios.
La campaña también señala que la regulación excesiva de estos productos podría empujar a los consumidores de vuelta al consumo de tabaco tradicional, lo cual es un riesgo para la salud pública. Los productos de riesgo reducido ofrecen una alternativa menos perjudicial para aquellos que ya son fumadores, y es fundamental garantizar que estas opciones sigan estando disponibles y sean accesibles para aquellos que deseen utilizarlas.
Es importante destacar que la campaña #INTERESADOLEGITIMO no busca desestimar los esfuerzos de la OMS para controlar el tabaco y proteger la salud pública. Sin embargo, busca fomentar un debate equilibrado y basado en evidencia sobre la regulación de los productos de riesgo reducido.
